Comunidades indígenas, campesinas y pesqueras denuncian ante legisladores severos impactos al ambiente y a la salud provocados por la industria petrolera

      • Presentan iniciativa para modificar la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para incluir remediación en sitios contaminados por hidrocarburos.
      • Piden reparación y remediación urgente de sitios contaminados por hidrocarburos.
      • Exigen la creación de un grupo de trabajo al interior de la Cámara de Diputados para dar seguimiento a las demandas de los afectados.

Representantes de comunidades indígenas, campesinas y pesqueras afectadas por la industria de los hidrocarburos exigieron a diputadas y diputados avanzar en la prohibición del fracking, exhortar a las autoridades ambientales a hacer valer la legislación y normatividad ambiental y a PEMEX a remediar los daños ocasionados por la explotación de hidrocarburos en sus territorios, que han provocado severas afectaciones a la salud,al medio ambiente y las pesquerías.

Denunciaron que la industria petrolera ha generado una enorme cantidad de recursos para el Estado que no se tradujo en bienestar para las comunidades, por el contrario, convirtió sus tierras en zonas de sacrificio.

En el Foro Vivir entre pozos: testimonios de los territorios, convocado por legisladores (Dip. Xochitl Zagal, Dip. Patricia Galindo, Dip. Laura Ballesteros, Dip. Manuel Vásquez, Dip. Sergio Gi, y Dip. Adrián González) y organizaciones de la sociedad civil (Engenera, Oceana, CORASON y la Alianza Mexicana Contra el Fracking), autoridades comunitarias acusaron que el legado de la industria petrolera en el Totonacapan y en la costa veracruzana son pozos abandonados que continúan fugando chapopote, gases y metano; redes de ductos obsoletas sin mantenimiento; suelos agrícolas severamente contaminados e infértiles; manantiales contaminados de los que brota petróleo y sustancias altamente nocivas que ya han causado severas afectaciones a la salud y al medio ambiente.

Resaltaron que las afectaciones provocadas por PEMEX a nivel nacional son enormes, pues entre 2008 y 2023 la paraestatal dañó más de 777 sitios a nivel nacional, de los cuales únicamente el 14 por ciento han sido atendidos o remediados de forma efectiva.

Alejandra Jiménez, de CORASON, señaló que el estado de Veracruz ocupa el primer lugar en sitios afectados por hidrocarburos con 344 sitios contaminados. lo que significa que casi 4 de cada 10 sitios impactados por PEMEX en México se ubican en esta entidad. Le siguen Tamaulipas con 135 sitios y Tabasco con 64. Además, en promedio, PEMEX tarda cuatro años en la remediación de un sitio contaminado por hidrocarburos.

Un caso emblemático de las afectaciones de la industria de los hidrocarburos, señalaron las comunidades, fue la pérdida de control sobre el pozo exploratorio Krem-1, ubicado en el municipio de Las Choapas, Veracruz. En el que el 5 de marzo de este año se registró una explosión que provocó un incendio que duró cinco meses y que provocó la evacuación de cientos de pobladores.

El incendio del Pozo Krem-1 provocó la quema de 252 millones de metros cúbicos de gas, que equivalen a más de un tercio del consumo anual total de gas seco de los hogares en todo México.

Durante el foro también se dio cuenta de los hallazgos de un recorrido realizado en el Totonacapan en el que participaron diputadas y diputados y representantes comunitarios en el que pudieron constatar el deterioro de la infraestructura petrolera, la contaminación de parcelas, cuerpos de agua y daños a la salud de la población. 

Impactos en las comunidades

Fermina, habitante de la comunidad de El Remolino, en Papantla, Veracruz, denunció que las personas de la comunidad viven a 50 o 100 metros de los pozos petroleros, que cada que se intensifican las lluvias se contaminan los arroyos y esto genera enfermedades y muerte de fauna.

Asimismo, resaltó que nunca se consultó a las comunidades para extraer hidrocarburos en sus territorios y qué cuando las comunidades denuncian una fuga de hidrocarburo se enfrentan una gran cantidad de obstáculos para acceder a la justicia. “Tenemos que ir hasta Poza Rica a dar seguimiento a las demandas y eso implica recursos y mucho tiempo”.

Por su parte, Maximina García, de la comunidad de Reforma Escolín, Papantla, coincidió en los nocivo que es vivir a escasos metros de pozos petroleros que generan emanaciones fétidas diariamente y que enferman a las familias. Añadió, que en la comunidad se han registrado muertes de infantes por cáncer y hay presencia recurrente de malformaciones congénitas en recién nacidos que son atribuibles a la exposición a los hidrocarburos.

En la comunidad de Ojital Viejo, también en el Totonacapan, la irrupción de la industria petrolera hace aproximadamente 60 años desplazó la vida comunitaria de los pueblos originarios y mermó sus medios de vida, como la milpa y la herbolaria medicinal. El Puxkgo Romualdo Luna, lamentó que los constantes derrames de las tuberías viejas y sin mantenimiento han contaminado las parcelas, los suelos y el agua. Además, se ha perdido mucha de la fauna de la región.

Las afectaciones a la salud y al ambiente son una constante en todas las regiones petroleras del país. En el Ejido Aquiles Serdán, ubicado en el municipio de Las Choapas, Veracruz, en el que habita población indígena Tzotzil, PEMEX es omisa en dar mantenimiento a la infraestructura petrolera y ejerce un trato discriminatorio con la comunidad desde hace años.

José Mária Robles, habitante del Ejido Aquiles Serdán, afectado por el incendio del Pozo Krem-1, resaltó que la atención que dieron las caravanas de salud enviadas por las autoridades se limitó a la distribución de analgésicos básicos, como paracetamol. Lamentó que “no se tomaron la molestia de hacer estudios de sangre o toxicología a las personas para saber si les había provocado alguna enfermedad la exposición a la quema ininterrumpida de tanto gas durante 5 meses”.

Daños a la pesca

Para muchas comunidades costeras la pesca es la principal fuente de ingresos y alimentos. En el municipio de Alvarado, Veracruz, las familias tienen una gran tradición pesquera artesanal que se ha visto seriamente afectada por los constantes derrames de hidrocarburo en el Golfo de México.

Nancy Liseth Ochoa, pescadora de tercera generación de la comunidad de Las Barrancas, municipio de Alvarado, enfatizó que la contaminación por hidrocarburos no solo destruye los suelos agrícolas, también los ecosistemas marinos, lagunares y costeros y esto repercute directamente en la economía y salud de las familias pescadoras.

Además, denunció que las comunidades costeras ya enfrentan el embate de la crisis climática (erosión del litoral, avance de la línea de costa y pérdida de terrenos), por lo que imponer proyectos extractivos adicionales o de fracking sin evaluación de impacto ambiental vulnera sus derechos humanos fundamentales.

Propuestas

En el foro, se presentó una propuesta de iniciativa para modificar el artículo 16 de la ley del Fondo Mexicano del Petróleo (FMP), para incluir a la remediación como una de las actividades necesarias que requiere de recursos provenientes de los ingresos petroleros y que se concentran en dicho fondo público. La iniciativa será presentada en los próximos días en la Cámara de Diputados.

Asimismo, se presentaron una serie de propuestas dirigidas al Congreso:

      • Evitar autorizaciones para nuevos pozos petroleros o gasíferos en la región. 
      • Modificación a la ley de la ASEA para incluir un capítulo referente a la prevención y atención a la contaminación del agua.
      • Modificación a la ley de responsabilidad ambiental de tal manera que se haga explícita la obligación de Pemex y sus contratistas de reconocer su obligación de reparación de daños.
      • Revisión integral de la ASEA para incorporar criterios y plazos estrictos de atención a daños, emergencias y sanciones.
      • Reconocimiento del daño cultural causado por la industria petrolera.
      • Rehabilitación y mantenimiento de caminos, sistemas de agua potable e infraestructura comunitaria afectada por el tránsito de maquinaria pesada y actividades petroleras. 
      • Instalación de un grupo de trabajo con legisladores para dar seguimiento a las demandas de las personas afectadas.
Logotipos de Engenera, Oceana, Corason y AMCF