A un año de la publicación de la Ley de Minería

Llamamos a los actores políticos a consolidar los avances en la regulación de la minería y a la SCJN a ponderar los derechos y resolver con una perspectiva de derechos humanos: Colectiva Cambiémosla ya

  • Hoy se cumple un año de que fue publicada la nueva Ley de Minería, resultado de la lucha de pueblos y comunidades por frenar los abusos de esta industria.
  • La nueva Ley de Minería se encuentra en revisión en la Suprema Corte, donde las y los ministros tienen la oportunidad de privilegiar la protección de los derechos de esta legislación y no los aspectos formales del proceso.
  • A un año, incumple la Secretaría de Economía con su obligación de publicar el reglamento.
  • La Colectiva hace un llamado a consolidar los avances y a no permitir que las industrias capturen la política y las decisiones sobre este tema.

A un año de la publicación en el DOF de la nueva Ley de Minería (Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera, de Aguas Nacionales, del Equilibrio Ecológico y General de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua), la Colectiva Cambiémosla Ya llama a consolidar los
avances y no permitir la interferencia corporativa en la regulación de la minería.

La Ley de Minería es un logro muy importante, porque le da a pueblos y comunidades y a la Nación herramientas para defender el territorio y detener el despojo de tierras y recursos naturales que de manera sistemática permitía la Ley Minera de 1992.

Es preocupante, sin embargo, ver en estos momentos cómo los distintos actores políticos −Suprema Corte, candidaturas presidenciales, Congreso y Secretaría de Economía− con sus acciones podrían socavar los avances. La Colectiva Cambiémosla Ya llama a no hacerlo y pide que cuando tomen decisiones sobre minería recuerden el dolor, la violencia, la contaminación, la descomposición social, el saqueo que esta actividad deja en los territorios a cambio de migajas para las finanzas públicas. No regresemos a ese lugar. Exigimos que se cumpla con la reglamentación de las reformas de manera inmediata y reiteramos el llamado a consolidar los avances, defender la Constitución, proteger los derechos de los pueblos y los bienes naturales y minerales de nuestra nación.

    1. Suprema Corte de Justicia de la Nación

Llamamos a las ministras y ministros de la Corte, en particular al ministro instructor Alberto Pérez Dayán, a privilegiar en su proyecto de resolución los aspectos sustanciales vinculados a la protección de los derechos, en el expediente 129/2023, que se refiere a la acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Minería.

La SCJN tiene una oportunidad histórica para optar por preservar el contenido y la sustancia de una ley que apela a la progresividad de los derechos y a generar condiciones de justicia social en favor todas y todos aquellos activistas, personas defensoras ambientales, pueblos y comunidades que se han defendido durante años de la Ley Minera. Ministros, ministras, digan sí a más derechos, más justicia y más protección del medio ambiente y a salvaguardar la Constitución.

    1. Candidatas y candidato a la presidencia

Son preocupantes:

      • Las desafortunadas declaraciones de la candidata Xóchitl Gálvez en el sentido de no “satanizar a la minería”, cuando de lo que se trata de regularla, minimizar sus impactos y poner en primer lugar los derechos de pueblos y comunidades, no los privilegios de ese sector.
      • No hay un “impuesto verde” que compense los tremendos impactos que los proyectos mineros han dejado a lo largo y ancho del territorio. Proponer cobrar por los daños ambientales y sociales, como hace el candidato Jorge
        Álvarez Máynez, es pretender ponerle precio a la naturaleza y a la vida y ofrecerlas al mejor postor.
      • Las reuniones a modo, organizadas por quien se dice enlace de medio ambiente de la candidata Claudia Sheinbaum, con la industria minera: abogados, cabilderos e integrantes tanto de la Cámara Minera como de empresas como Grupo México y algunas organizaciones civiles convocadas con poca claridad, en el tenor de que la Ley vigente se va a desechar y entonces hay que hacer otra, de la mano de la industria a la que hay que regular. ¿Qué tipo de ley se pretende? ¿Una que regrese los privilegios y legalice nuevamente los enormes abusos cometidos durante décadas? ¿Realmente creen que de la mano de esta industria que paga impuestos minúsculos, no reporta el volumen de los minerales que extrae, que ha utilizado y contaminado enormes volúmenes de agua en zonas áridas sin
        reportarla ni pagarla, que se niega a ejecutar planes de cierre y post cierre de minas, que es la primera causante de conflictos socioambientales en México, se va a lograr una ley progresista, que ponga en primer lugar los derechos humanos y el ambiente?

Repudiamos las reuniones de los equipos de campaña de las candidaturas con las empresas mineras que les facilitan captura y la interferencia en las regulaciones para la protección del medio ambiente y de los derechos humanos y colectivos de las comunidades y pueblos.

  1. Reglamento con medio año de retraso

La Secretaría de Economía no ha cumplido con su tarea de desarrollar el reglamento para acompañar la entrada en vigor del Ley y establecer los detalles de su correcta aplicación; tenía 180 días para hacerlo, hoy han transcurrido 365 días, el retraso no se justifica. Le llamamos a actuar con diligencia. El reglamento debe establecer con claridad las obligaciones derivadas de las concesiones mineras vigentes, otorgadas previo a la aprobación de la Ley de Minería de 2023. Pedimos su inmediata publicación.

La Colectiva Cambiémosla Ya seguiremos defendiendo los avances en la Ley de Minería que hemos logrado, tales como que la minería ya no sea una actividad preferente; que las empresas presenten sus planes de cierre y post cierre de minas; que sea obligatorio consultar de manera previa, libre e informada para eventualmente obtener el consentimiento de las comunidades y pueblos donde se pretenda explorar o explotar una mina, entre otros.

Sea cual fuere el resultado de las elecciones del 2 de junio, seguiremos impulsando las reformas a la Ley de Minería que quedaron pendientes.
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La Colectiva Cambiémosla Ya reúne a pueblos, comunidades, organizaciones de la sociedad civil, movimientos, personas académicas, defensoras de la tierra y el territorio comprometidos con cambiar el marco legal de la minería en México a fin de frenar los abusos que esta industria ha causado. Entre los participantes se encuentran CartoCrítica; Centro Mexicano de Derecho Ambiental; Comités de Cuenca del Río Sonora; Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible; Engenera; Fundación Heinrich Böll; el Movimiento Atzin No a la Minería, el Movimiento Morelense contra la Minería Tóxica; Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación y personas académicas de la Universidad Iberoamericana, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Nacional Autónoma de México y diversas comunidades y pueblos de Sonora, Morelos, Puebla, Oaxaca, Zacatecas y Baja California Sur.

Más información en: cambiemoslaya.org.mx y asisevelamineriaenmexico.org.mx.

Entregan organizaciones y abogados un amicus curiae a ministras y ministros de la SCJN. Los llaman a ponderar los derechos reconocidos en la Ley de Minería de 2023.

● La Ley de Minería aprobada hace un año se encuentra en revisión en la SCJN, por una acción de inconstitucionalidad presentada por diputadas y diputados del PAN, PRI y PRD
● Esta Ley de Minería es resultado de la lucha de comunidades, pueblos, organizaciones y academia por limitar los excesos y violaciones de derechos que la ley de 1992 permitió. Es fundamental que Ministras y Ministros ponderen el contenido de esta nueva ley, que constituye un primer paso en la prevalencia de los derechos humanos y del medio ambiente.

La Clínica Jurídica para la Justicia Ambiental Berta Cáceres; Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y la Colectiva Cambiémosla Ya presentaron este 3 de mayo un amicus curiae dirigido a las Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El amicus curiae* “Acerca de la constitucionalidad del Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente” brinda a las Ministras y Ministros información y criterios jurídicos sobre tres temas relevantes en la revisión de la acción de inconstitucionalidad: 1) el proceso de aprobación de la nueva Ley de Minería y cómo es que los diputados y diputadas que la impugnan fueron activos en su obstrucción y bloqueo durante el proceso dictaminación y aprobación; 2) los derechos y mejoras que incorpora la nueva Ley, en contraste con los enormes abusos que la Ley Minera de 1992 legalizó y 3) la lucha que pueblos, comunidades y organizaciones han dado para lograr este cambio en la ley y cómo éste incorpora varias de sus demandas de años.
Este recurso está respaldado por especialistas en derecho, así como por abogados y organizaciones que litigan y acompañan a comunidades.
“Hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la gran responsabilidad de decidir si privilegia aspectos formales del proceso legislativo o aspectos sustanciales vinculados a la protección de los derechos. Se trata de una oportunidad histórica para, en este caso concreto, optar por salvar el contenido y la sustancia de una ley que apela a la progresividad de los derechos y a generar condiciones de justicia social en favor todas y todos aquellos activistas, personas defensoras ambientales, pueblos y comunidades que han intentado durante años reformar la Ley Minera para emparejar la cancha y generar condiciones de igualdad sustantiva para todos los actores que pueden estar involucrados de una manera u otra en el otorgamiento de una concesión y luego, si se da el caso, en el desarrollo y operación de un proyecto minero. Intento tras intento se han topado con poderosos intereses (económicos y políticos) que no han querido cambiarle ni una sola coma a la regulación minera… Confiamos en que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo ha hecho en otras importantes decisiones, sepa poner en primer lugar la Constitución y los derechos humanos…”, comentaron los firmantes del recurso.

*¿Qué es un amicus curiae? Los amicus curiae (amigos de la corte) son informes técnicos que presentan personas ajenas a un litigio, pero que tienen interés en la materia, con la intención de brindar argumentos para la resolución de un asunto, dar su opinión jurídica, proporcionar información sobre el caso o alertar sobre posibles efectos de una decisión.

Más información con Cecilia Navarro en el correo: bcecilia.navarro@gmail.com.

Agenda socioambiental 2024

Engenera participa en la conformación de la Agenda socioambiental 2024, que analiza nueve temas de atención urgente para la futura administración.

Con el objetivo de llamar la atención de quienes contienden por cargos de elección popular -la presidencia de la república, entre otros- sobre los graves problemas socioambientales que enfrenta el país, 35 especialistas de universidades públicas y organizaciones civiles elaboraron la Agenda socioambiental 2024, que analiza nueve temas de atención urgente para la futura administración. Read more

Denuncian organizaciones nuevo derrame de crudo cerca de la plataforma siniestrada el 6 de abril en la Sonda de Campeche

A partir del incendio y explosión de la plataforma Akal-B de Petróleos Mexicanos (Pemex), el pasado 6 de abril, organizaciones de la sociedad civil damos a conocer que se ha detectado en imágenes satelitales la existencia de un derrame de petróleo en curso en la misma zona del siniestro. El derrame inició alrededor del 22 de marzo de este año y al menos hasta el 9 de abril seguiría activo, acumulando 18 días de fuga ininterrumpida. Se calcula el derrame de crudo en una superficie mínima aproximada de 390 km2, una dimensión similar a la del derrame denunciado por varias de las organizaciones firmantes en julio del año pasado.

Una vez más, es a partir de una explosión en una plataforma de Pemex que se detecta un derrame no reportado por las autoridades. Ante ello, urgimos información transparente, medidas de atención, mitigación y de no repetición; y una conversación sobre Pemex y la seguridad de sus trabajadores, la seguridad de las comunidades que conviven con su infraestructura, el futuro de la petrolera y su innegable responsabilidad frente a la crisis climática.

La repetición de estos desastres subraya la inaplazable necesidad de abandonar la extracción y quema de combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) en nuestro país. El siniestro del 6 de abril no puede considerarse un mero accidente, sino que es una consecuencia inherente de un sistema que sacrifica la seguridad de trabajadores, comunidades y el medio ambiente en pos de la explotación de recursos fósiles.

La principal responsabilidad de los hechos acontecidos y su mitigación recae tanto en Pemex como en las autoridades encargadas de garantizar la seguridad y la preservación ambiental en estas operaciones, en particular la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente (ASEA). La ASEA es la agencia gubernamental encargada de regular y supervisar las instalaciones y actividades del sector hidrocarburos en las materias de seguridad industrial y operativa, y de protección al medio ambiente. A pesar de ser directamente responsable de regular y sancionar a Pemex, demuestra reiteradamente su incapacidad para abordar las causas de estos siniestros y prevenir estos desastres.

El aumento del 152% en la frecuencia de “accidentes” -es decir, siniestros- de Pemex en los últimos dos años, a la par de una disminución del 49% en el presupuesto destinado al mantenimiento de instalaciones, evidencian que en Pemex se han tomado decisiones administrativas que anteponen la extracción acelerada de combustibles fósiles a la inversión en seguridad y mantenimiento de la infraestructura existente. Las consecuencias son visibles en las irreparables pérdidas humanas de trabajadores y las afectaciones a la salud de las comunidades humanas y los ecosistemas impactados por los desastres fósiles.

En sus comunicaciones, Pemex se refirió a este siniestro como un “conato de incendio”, sin embargo, la realidad no coincide con la pormenorización de los hechos de la petrolera. Al momento, sabemos que dos trabajadores perdieron la vida, hay un desaparecido y 9 más resultaron heridos. Los dos trabajadores se suman a la lista de más de 360 personas que han fallecido en siniestros de Pemex desde 2009.

Exigimos que las autoridades correspondientes informen con claridad sobre el siniestro ocurrido en Akal-B, sus impactos y las medidas que se tomarán para prevenir la repetición de estos incidentes. De igual forma, demandamos información sobre las acciones para atender el derrame de petróleo detectado y para la mitigación de sus impactos en los ecosistemas marinos, la salud de las personas y los medios de subsistencia de las poblaciones costeras.

Es apremiante que desde la Región Carbonífera hasta la Sonda de Campeche en el Golfo de México, se deje de apostar por un modelo que sacrifica a poblaciones y territorios en beneficio de las industrias del gas, petróleo y carbón. Este modelo es una garantía para más desastres fósiles y para agravar la crisis climática en la que nos encontramos. Existen alternativas para nuestro modelo de energía que ofrecen una ruta clara hacia una transición energética justa, que responda a la realidad de la emergencia climática y garantice un futuro sostenible y digno. Es urgente hablar con autocrítica del presente y diseñar un mejor futuro.

***
Alianza Mexicana Contra el Fracking, BCSicletos, CartoCrítica A.C, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Colectivo Ecologista Jalisco A.C., Comité Ecológico Integral, Conexiones Climáticas AC, CORASON, Defensa Ambiental del Noroeste, Engenera AC, #EsGasFosil, GDL en Bici, Greenpeace México AC, Nuestro Futuro AC, Organización Familia Pasta de Conchos, Padres por el Futuro Mty, Planeteando, Proceso de Articulación de la Sierra de Santa Marta, Programa de Movilidad Urbana Sustentable del ITESO.

8 de marzo con las mujeres rurales e indígenas en acción por el clima y la igualdad

Los efectos devastadores del cambio climático cada vez más comunes en el territorio mexicano tal y como ocurrió tras el paso del Huracán Otis el pasado octubre, han profundizado las brechas de desigualdad de género, especialmente entre las mujeres rurales e indígenas que interactúan cotidianamente con los recursos naturales y los ecosistemas: desde la colecta de agua para cocinar, la búsqueda de alimentos, la producción de la tierra, entre otros.1

Andrea Hernández es una mujer indígena hablante de la lengua náhuatl, actualmente es Regidora en el municipio de Xilitla, en San Luis Potosí, ubicado en la Huasteca, una zona constantemente amenazada por proyectos de fracking. Para Andrea son claros los impactos del cambio climático en la vida de todas las mujeres en esa zona que alguna vez se caracterizó para su diversidad de recursos naturales y por ello, es importante construir redes de mujeres para sensibilizar a más personas sobre la urgencia de actuar.

“Escuchamos hablar del cambio climático y nos imaginamos que sucede en otros lados; sin embargo, es un problema que está pasando en nuestras comunidades. En este año no tuvimos lluvias, y se perdieron muchas cosechas. El agua se escaseó y tuvimos que estar comprando”.

Además, señala que la salud de las mujeres en su comunidad se ha visto afectada: “La baja producción de los alimentos por el deterioro de los suelos ha provocado la migración de los hombres en busca de empleo a otros estados (…) las mujeres nos quedamos solas, al cuidado de los niños, de la casa y de las tareas de la comunidad…esa triple carga de trabajo para nosotras empieza a afectar nuestra salud por la presión”.

Sin embargo, ha sido gracias al creciente activismo de mujeres rurales e indígenas que se ha logrado, por un lado, dar mayor visibilidad a las afectaciones del cambio climático en la vida de las mujeres y también para construir redes de mujeres que comparten saberes para mitigar dichos efectos desde lo local.

En el marco del Encuentro de Mujeres Rurales e Indígenas organizado por ENGENERA el pasado diciembre de 2023, 27 defensoras rurales provenientes de los estados de Puebla, Michoacán, Ciudad de México, San Luis Potosí, Oaxaca, y Veracruz, entidades afectadas por el cambio climático, se escucharon, compartieron e intercambiaron saberes sobre las acciones locales que están impulsando para mitigar dichos efectos, reconociendo este impacto desmedido en la vida de las mujeres y las niñas.

Cabe destacar que las mujeres rurales producen más del 45 % de los alimentos en los países en desarrollo, por lo que las sequías, inundaciones y otros fenómenos las afectan de manera considerable (ONU Mujeres, 2022).
Con iniciativas que van desde la creación de huertos urbanos, la adopción de letrinas y estufas ecológicas, campañas de reforestación de bosques que fueron utilizados para la siembra de milpas, fueron algunas de las acciones compartidas.

“Todas las mujeres tenemos el conocimiento de lo que está pasando y con el compartir podemos buscar alternativas de mejora. En mi comunidad estamos trabajando con mujeres y con hombres para mitigar los efectos del cambio climático con huertos familiares y mostrando lo que está sucediendo, no es que se esté volviendo loco el clima sino lo que estamos haciendo las personas”, menciona Diana Baltazar, defensora indígena en el norte de Puebla.

Es importante seguir hablando de las afectaciones del cambio climático con más mujeres porque “interactuamos, hacemos visible lo que vivimos en cada comunidad y aportamos ideas para cambiar en lo local”, concluye Claudia Zenteno, originaria de Xochimilco.

Este 8 de marzo que se conmemora el Día Internacional de las Mujeres, en ENGENERA honramos el trabajo realizado por nuestras compañeras defensoras de los territorios, cuyo trabajo ha sido fundamental para no olvidar que no hay acción pequeña para combatir el cambio climático. Para avanzar hacia la igualdad de género, es clave incluir la agenda de cambio climático, garantizando su participación sustantiva en el diseño de estrategias para ello.

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1 https://news.un.org/es/story/2021/11/1499772
*Todos los testimonios son retomados de la participación de las entrevistadas en el Encuentro de Mujeres Rurales Indígenas realizado el 1º de diciembre de 2023 en Casa Xitla en Ciudad de México.

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Proponen presupuesto marginal para atención a la violencia contra las mujeres: Engenera

En lo que va de la presente administración, el presupuesto le ha quedado a deber a la promoción y protección de los derechos de las mujeres. La asignación de presupuestos al Anexo 13 incrementa, en términos generales, año con año, pero la mayor parte se va a las ayudas sociales, sin perspectiva de género.
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BOLETÍN, CASTIGA PRESUPUESTO ACCIONES DE IGUALDAD PARA LAS MUJERES

Informe completo:
Presupuesto y derechos de las mujeres, en el sexenio de la Cuarta Transformación
Presupuesto y derechos de las mujeres 2018-2024

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