Llamamos a los actores políticos a consolidar los avances en la regulación de la minería y a la SCJN a ponderar los derechos y resolver con una perspectiva de derechos humanos: Colectiva Cambiémosla ya

• Hoy se cumple un año de que fue publicada la nueva Ley de Minería, resultado de la lucha de pueblos y comunidades por frenar los abusos de esta industria.
• La nueva Ley de Minería se encuentra en revisión en la Suprema Corte, donde las y los ministros tienen la oportunidad de privilegiar la protección de los derechos de esta legislación y no los aspectos formales del proceso.
• A un año, incumple la Secretaría de Economía con su obligación de publicar el reglamento.
• La Colectiva hace un llamado a consolidar los avances y a no permitir que las industrias capturen la política y las decisiones sobre este tema.

A un año de la publicación en el DOF de la nueva Ley de Minería (Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera, de Aguas Nacionales, del Equilibrio Ecológico y General de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua), la Colectiva Cambiémosla Ya llama a consolidar los
avances y no permitir la interferencia corporativa en la regulación de la minería.

La Ley de Minería es un logro muy importante, porque le da a pueblos y comunidades y a la Nación herramientas para defender el territorio y detener el despojo de tierras y recursos naturales que de manera sistemática permitía la Ley Minera de 1992.

Es preocupante, sin embargo, ver en estos momentos cómo los distintos actores políticos −Suprema Corte, candidaturas presidenciales, Congreso y Secretaría de Economía− con sus acciones podrían socavar los avances. La Colectiva Cambiémosla Ya llama a no hacerlo y pide que cuando tomen decisiones sobre minería recuerden el dolor, la violencia, la contaminación, la descomposición social, el saqueo que esta actividad deja en los territorios a cambio de migajas para las finanzas públicas. No regresemos a ese lugar. Exigimos que se cumpla con la reglamentación de las reformas de manera inmediata y reiteramos el llamado a consolidar los avances, defender la Constitución, proteger los derechos de los pueblos y los bienes naturales y minerales de nuestra nación.

1. 1. Suprema Corte de Justicia de la Nación

Llamamos a las ministras y ministros de la Corte, en particular al ministro instructor Alberto Pérez Dayán, a privilegiar en su proyecto de resolución los aspectos sustanciales vinculados a la protección de los derechos, en el expediente 129/2023, que se refiere a la acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Minería.

La SCJN tiene una oportunidad histórica para optar por preservar el contenido y la sustancia de una ley que apela a la progresividad de los derechos y a generar condiciones de justicia social en favor todas y todos aquellos activistas, personas defensoras ambientales, pueblos y comunidades que se han defendido durante años de la Ley Minera. Ministros, ministras, digan sí a más derechos, más justicia y más protección del medio ambiente y a salvaguardar la Constitución.

1. 1. Candidatas y candidato a la presidencia

Son preocupantes:

1. 1. • Las desafortunadas declaraciones de la candidata Xóchitl Gálvez en el sentido de no “satanizar a la minería”, cuando de lo que se trata de regularla, minimizar sus impactos y poner en primer lugar los derechos de pueblos y comunidades, no los privilegios de ese sector.
      • No hay un “impuesto verde” que compense los tremendos impactos que los proyectos mineros han dejado a lo largo y ancho del territorio. Proponer cobrar por los daños ambientales y sociales, como hace el candidato Jorge
        Álvarez Máynez, es pretender ponerle precio a la naturaleza y a la vida y ofrecerlas al mejor postor.
      • Las reuniones a modo, organizadas por quien se dice enlace de medio ambiente de la candidata Claudia Sheinbaum, con la industria minera: abogados, cabilderos e integrantes tanto de la Cámara Minera como de empresas como Grupo México y algunas organizaciones civiles convocadas con poca claridad, en el tenor de que la Ley vigente se va a desechar y entonces hay que hacer otra, de la mano de la industria a la que hay que regular. ¿Qué tipo de ley se pretende? ¿Una que regrese los privilegios y legalice nuevamente los enormes abusos cometidos durante décadas? ¿Realmente creen que de la mano de esta industria que paga impuestos minúsculos, no reporta el volumen de los minerales que extrae, que ha utilizado y contaminado enormes volúmenes de agua en zonas áridas sin
        reportarla ni pagarla, que se niega a ejecutar planes de cierre y post cierre de minas, que es la primera causante de conflictos socioambientales en México, se va a lograr una ley progresista, que ponga en primer lugar los derechos humanos y el ambiente?

Repudiamos las reuniones de los equipos de campaña de las candidaturas con las empresas mineras que les facilitan captura y la interferencia en las regulaciones para la protección del medio ambiente y de los derechos humanos y colectivos de las comunidades y pueblos.

1. Reglamento con medio año de retraso

La Secretaría de Economía no ha cumplido con su tarea de desarrollar el reglamento para acompañar la entrada en vigor del Ley y establecer los detalles de su correcta aplicación; tenía 180 días para hacerlo, hoy han transcurrido 365 días, el retraso no se justifica. Le llamamos a actuar con diligencia. El reglamento debe establecer con claridad las obligaciones derivadas de las concesiones mineras vigentes, otorgadas previo a la aprobación de la Ley de Minería de 2023. Pedimos su inmediata publicación.

La Colectiva Cambiémosla Ya seguiremos defendiendo los avances en la Ley de Minería que hemos logrado, tales como que la minería ya no sea una actividad preferente; que las empresas presenten sus planes de cierre y post cierre de minas; que sea obligatorio consultar de manera previa, libre e informada para eventualmente obtener el consentimiento de las comunidades y pueblos donde se pretenda explorar o explotar una mina, entre otros.

Sea cual fuere el resultado de las elecciones del 2 de junio, seguiremos impulsando las reformas a la Ley de Minería que quedaron pendientes.
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La Colectiva Cambiémosla Ya reúne a pueblos, comunidades, organizaciones de la sociedad civil, movimientos, personas académicas, defensoras de la tierra y el territorio comprometidos con cambiar el marco legal de la minería en México a fin de frenar los abusos que esta industria ha causado. Entre los participantes se encuentran CartoCrítica; Centro Mexicano de Derecho Ambiental; Comités de Cuenca del Río Sonora; Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible; Engenera; Fundación Heinrich Böll; el Movimiento Atzin No a la Minería, el Movimiento Morelense contra la Minería Tóxica; Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación y personas académicas de la Universidad Iberoamericana, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Nacional Autónoma de México y diversas comunidades y pueblos de Sonora, Morelos, Puebla, Oaxaca, Zacatecas y Baja California Sur.

Más información en: cambiemoslaya.org.mx y asisevelamineriaenmexico.org.mx.

● La Ley de Minería aprobada hace un año se encuentra en revisión en la SCJN, por una acción de inconstitucionalidad presentada por diputadas y diputados del PAN, PRI y PRD
● Esta Ley de Minería es resultado de la lucha de comunidades, pueblos, organizaciones y academia por limitar los excesos y violaciones de derechos que la ley de 1992 permitió. Es fundamental que Ministras y Ministros ponderen el contenido de esta nueva ley, que constituye un primer paso en la prevalencia de los derechos humanos y del medio ambiente.

La Clínica Jurídica para la Justicia Ambiental Berta Cáceres; Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y la Colectiva Cambiémosla Ya presentaron este 3 de mayo un amicus curiae dirigido a las Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El amicus curiae* “Acerca de la constitucionalidad del Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente” brinda a las Ministras y Ministros información y criterios jurídicos sobre tres temas relevantes en la revisión de la acción de inconstitucionalidad: 1) el proceso de aprobación de la nueva Ley de Minería y cómo es que los diputados y diputadas que la impugnan fueron activos en su obstrucción y bloqueo durante el proceso dictaminación y aprobación; 2) los derechos y mejoras que incorpora la nueva Ley, en contraste con los enormes abusos que la Ley Minera de 1992 legalizó y 3) la lucha que pueblos, comunidades y organizaciones han dado para lograr este cambio en la ley y cómo éste incorpora varias de sus demandas de años.
Este recurso está respaldado por especialistas en derecho, así como por abogados y organizaciones que litigan y acompañan a comunidades.
“Hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la gran responsabilidad de decidir si privilegia aspectos formales del proceso legislativo o aspectos sustanciales vinculados a la protección de los derechos. Se trata de una oportunidad histórica para, en este caso concreto, optar por salvar el contenido y la sustancia de una ley que apela a la progresividad de los derechos y a generar condiciones de justicia social en favor todas y todos aquellos activistas, personas defensoras ambientales, pueblos y comunidades que han intentado durante años reformar la Ley Minera para emparejar la cancha y generar condiciones de igualdad sustantiva para todos los actores que pueden estar involucrados de una manera u otra en el otorgamiento de una concesión y luego, si se da el caso, en el desarrollo y operación de un proyecto minero. Intento tras intento se han topado con poderosos intereses (económicos y políticos) que no han querido cambiarle ni una sola coma a la regulación minera… Confiamos en que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo ha hecho en otras importantes decisiones, sepa poner en primer lugar la Constitución y los derechos humanos…”, comentaron los firmantes del recurso.

*¿Qué es un amicus curiae? Los amicus curiae (amigos de la corte) son informes técnicos que presentan personas ajenas a un litigio, pero que tienen interés en la materia, con la intención de brindar argumentos para la resolución de un asunto, dar su opinión jurídica, proporcionar información sobre el caso o alertar sobre posibles efectos de una decisión.

Más información con Cecilia Navarro en el correo: bcecilia.navarro@gmail.com.