Nuevamente Amenaza el Fracking a la Huasteca

Durante los años 2014-2018 la Huasteca Potosina y otras regiones del país se vieron sacudidas por fuertes movilizaciones indígenas y populares ante los intentos del gobierno peñista de entregar el gas y petróleo a compañías extranjeras, particularmente de Estados Unidos, bajo el cobijo de la reforma energética promulgada en diciembre de 2013 y la Ley de Hidrocarburos de agosto de 2014.

La Huasteca Potosina, durante ese periodo vivió un arduo y sistemático proceso de información, organización y movilización en escalas cada vez más ascendentes. Los pueblos y comunidades indígenas se organizaron y se articularon para enfrentar la amenaza del despojo de sus tierras y la implantación de pozos para la extracción de gas y petróleo mediante métodos convencionales y de la terrible práctica del fracking en 382 mil hectáreas de 18 municipios de la región.

Gracias a ello, y al consenso social que involucró acuerdos de cabildo en la mitad de ayuntamientos de los municipios amenazados (Xilitla, Tanlajás, San Antonio, Cd. Valles, Tamazunchale, Tanquian, Tamuín, Ébano y Tancanhuitz) declarándose libres de fracking y otros megaproyectos lesivos de los derechos humanos y del medio ambiente y, como consecuencia, no autorizar cambios de uso del suelo, y al consenso del congreso del estado para sumarse a la exigencia social de cancelar las rondas de licitaciones petroleras y prohibir el fracking, fue como el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, manifestó el 5 de octubre de 2018 de que no se permitiría el fracking en San Luis Potosí ni en México.

Por su parte, el 19 de diciembre de 2023, la entonces candidata de la Coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena, PVEM y PT), Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, en la ciudad de Matehuala, S.L.P., se pronunció en el mismo sentido, lo cual ha sido un aliciente para el movimiento en defensa del territorio el agua y la vida, para continuar sus esfuerzos en fortalecer los procesos de organización comunitaria, municipal y regional en ejercicio de sus derechos colectivos.

Sin embargo, el pasado 5 de agosto, la Presidenta de la República, dio a conocer el Plan Estratégico de Pemex 2025-2035, en el que se plantea aprovechar todo el potencial de hidrocarburos existente en el país, incluyendo los yacimientos no convencionales los cuales requieren del uso de la fracturación hidráulica (fracking), lo que contradice su postura inicial.

Esta terrible y devastadora técnica que, de aplicarse, acarrearía la destrucción de todas las formas de vida en los territorios eminentemente habitados por pueblos y comunidades indígenas, contempla en lo inmediato trabajos de exploración en dos polígonos denominados Maguey y Castañas que abarcan los municipios de Tanlajás, San Antonio, Tancanhuitz, Tanquián de Escobedo, Tampamolón Corona, Coxcatlán, Huehuetlán, Axtla de Terrazas, Xilitla, Matlapa, Tamazunchale, San Martin Chalchicuautla, Tampacán, San Vicente Tancuayalab, Ébano, Tamuín y Ciudad Valles de la Huasteca Potosina; El Higo, Tempoal, Platón Sánchez, Chalma y Chiconamel de la Huasteca Veracruzana; y Huejutla de Reyes, Jaltocán y San Felipe Orizatlán de la Huasteca Hidalguense.

En ellos se han ubicado la realización de perforaciones que no presentan restricción de profundidad, lo cual indica la intencionalidad de identificar y explotar los volúmenes de gas y petróleo existentes en áreas convencionales y no convencionales, es decir, en áreas en las que se aplicaría la técnica del fracking, lo cual traería consecuencias catastróficas y contaminación irremediable de las aguas, tierras y aire, afectaciones graves a la salud de las personas, destrucción de ecosistemas, y el colapso de la actividad económica regional, la agricultura tradicional y el turismo.

Es pertinente decir que el Plan Estratégico de Pemex, violó el derecho a la consulta  de los pueblos y comunidades indígenas tenek y nahua como lo mandatan los convenios y tratados internacionales firmados por México; pasó por alto los compromisos de los gobiernos de la 4T para garantizar la protección de los derechos humanos y colectivos, como el derecho humano al agua, a la salud, a un medio ambiente sano, a la consulta y al uso preferente de los recursos naturales por los pueblos y comunidades indígenas.

Resulta incongruente que una vez reconocidos los derechos indígenas en el artículo 2° constitucional, el mismo gobierno pretenda desarrollar acciones de exploración y explotación de hidrocarburos sin haber obtenido el consentimiento de los pueblos y comunidades indígenas que nos veríamos existencialmente afectadas.

En este contexto manifestamos con claridad que la exigencia social de la región sigue firme en el sentido de no permitir trabajos de exploración y extracción de hidrocarburos en ninguna de sus formas ni contará con el consentimiento de los pueblos y comunidades indígenas y ciudadanía en general.

• Exigimos que la iniciativa de reforma constitucional de prohibición del fracking enviada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y endosada desde su campaña por la presidenta actual Claudia Sheinbaum Pardo, sea aprobada en sus términos por el Congreso de la Unión.
• Exigimos con todo respeto a la Presidenta de la República Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, mantenga su compromiso de cancelar las rondas petroleras y prohibir el fracking y otros megaproyectos que nos afecten en nuestros derechos humanos e indígenas.
• Exhortamos a la población en general y en particular a los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas a estar alertas e informados(as), fortaleciendo la organización y articulación social para detener cualquier evento que implique la afectación del territorio.