Entregan organizaciones y abogados un amicus curiae a ministras y ministros de la SCJN. Los llaman a ponderar los derechos reconocidos en la Ley de Minería de 2023.
- La Ley de Minería aprobada hace un año se encuentra en revisión en la SCJN, por una acción de inconstitucionalidad presentada por diputadas y diputados del PAN, PRI y PRD.
- Esta Ley de Minería es resultado de la lucha de comunidades, pueblos, organizaciones y academia por limitar los excesos y violaciones de derechos que la ley de 1992 permitió. Es fundamental que Ministras y Ministros ponderen el contenido de esta nueva ley, que constituye un primer paso en la prevalencia de los derechos humanos y del medio ambiente.
La Clínica Jurídica para la Justicia Ambiental Berta Cáceres; Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y la Colectiva Cambiémosla Ya presentaron este 3 de mayo un amicus curiae dirigido a las Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El amicus curiae* “Acerca de la constitucionalidad del Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente” brinda a las Ministras y Ministros información y criterios jurídicos sobre tres temas relevantes en la revisión de la acción de inconstitucionalidad: 1) el proceso de aprobación de la nueva Ley de Minería y cómo es que los diputados y diputadas que la impugnan fueron activos en su obstrucción y bloqueo durante el proceso dictaminación y aprobación; 2) los derechos y mejoras que incorpora la nueva Ley, en contraste con los enormes abusos que la Ley Minera de 1992 legalizó y 3) la lucha que pueblos, comunidades y organizaciones han dado para lograr este cambio en la ley y cómo éste incorpora varias de sus demandas de años.
Este recurso está respaldado por especialistas en derecho, así como por abogados y organizaciones que litigan y acompañan a comunidades.
“Hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la gran responsabilidad de decidir si privilegia aspectos formales del proceso legislativo o aspectos sustanciales vinculados a la protección de los derechos. Se trata de una oportunidad histórica para, en este caso concreto, optar por salvar el contenido y la sustancia de una ley que apela a la progresividad de los derechos y a generar condiciones de justicia social en favor todas y todos aquellos activistas, personas defensoras ambientales, pueblos y comunidades que han intentado durante años reformar la Ley Minera para emparejar la cancha y generar condiciones de igualdad sustantiva para todos los actores que pueden estar involucrados de una manera u otra en el otorgamiento de una concesión y luego, si se da el caso, en el desarrollo y operación de un proyecto minero. Intento tras intento se han topado con poderosos intereses (económicos y políticos) que no han querido cambiarle ni una sola coma a la regulación minera… Confiamos en que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo ha hecho en otras importantes decisiones, sepa poner en primer lugar la Constitución y los derechos humanos…”, comentaron los firmantes del recurso.
*¿Qué es un amicus curiae? Los amicus curiae (amigos de la corte) son informes técnicos que presentan personas ajenas a un litigio, pero que tienen interés en la materia, con la intención de brindar argumentos para la resolución de un asunto, dar su opinión jurídica, proporcionar información sobre el caso o alertar sobre posibles efectos de una decisión.
Más información con Cecilia Navarro en el correo: bcecilia.navarro@gmail.com.