- Un comité cerrado, tecnocrático y sin posibilidad real de concluir que el Estado mexicano debe prohibir el fracking, sería una simulación para legitimar una decisión ya tomada.
- La discusión no puede reducirse a cómo extraer más gas ni a qué tecnología usar para hacerlo.
- El fracking no es un asunto meramente técnico, es una decisión política, territorial, climática y de derechos humanos.
- No se trata de buscar nuevas coartadas técnicas para prolongar la dependencia fósil de México, sino de asumir decisiones para dejar atrás los combustibles fósiles.
- Si el gobierno pretende presentar este comité como un espacio serio de investigación, análisis y deliberación, en esa mesa también deben pesar el principio precautorio y los antecedentes internacionales de prohibiciones y moratorias del fracking, no solo las promesas tecnológicas de la industria y del sector energético.
Tras el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum de abrir la puerta al gas no convencional,y conformar un comité “técnico-científico” para evaluar el uso de fracking, la discusión pública no puede quedar atrapada en los términos que el propio gobierno pretende imponer. El problema no es solamente quién integrará ese comité. El problema de fondo es si el gobierno busca realmente deliberar sobre el futuro energético del país o si solo pretende vestir de ciencia una decisión fósil ya encaminada.
El gobierno ha intentado presentar esta ruta como una discusión técnica sobre soberanía energética, producción de gas y nuevas tecnologías. Ese encuadre es inaceptable. El fracking no es un asunto meramente técnico, es una decisión política,
territorial, climática y de derechos humanos. Afecta agua, salud, alimentación, comunidades, trabajadores, ecosistemas, formas de vida y viola obligaciones internacionales y constitucionales irrenunciables del Estado mexicano de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, y también de prevenir sus violaciones. Presentarlo como una discusión de especialistas, aislada de sus consecuencias sociales y ambientales, es una forma de despolitizar una decisión que jamás ha sido neutral.
Tampoco puede asumirse sin discusión la premisa de que México necesita más gas y que, a partir de ahí, solo queda decidir cómo producirlo. Esa premisa debe ser cuestionada. Convertir la dependencia actual en una apuesta por más extracción fósil,
más infraestructura gasífera y más sacrificio territorial no es soberanía energética. Es profundizar el mismo modelo fósil que ha contaminado territorios, comprometido fuentes de agua, impuesto riesgos a comunidades enteras y retrasado una transición energética real y justa. No se trata de buscar nuevas coartadas técnicas para prolongar la dependencia fósil de México, sino de asumir decisiones para dejarla atrás; volver a poner sobre la mesa el fracking contradice abiertamente el compromiso de no permitir esta técnica en el país.
La Alianza Mexicana Contra el Fracking reitera su postura: el fracking debe prohibirse, no regularse o gestionarse. No hay “fracking sustentable”, ni “fracking responsable”, ni maquillaje tecnológico que borre dos décadas de evidencia científica sobre sus impactos ambientales, sociales y sanitarios.1 Lo que México necesita no es una nueva vía para profundizar su dependencia a los combustibles fósiles, sino una ruta para salir de ella.
Si el gobierno insiste en anunciar un comité el próximo miércoles, ese comité sólo podría tener credibilidad pública si cumple condiciones elementales que distingan una deliberación real de una simulación.
- Primero, su mandato no puede estar sesgado de origen. Si el comité nace para buscar cómo explotar gas no convencional “mejor”, “con menos agua” o “con nuevas tecnologías”, entonces no estará evaluando si México debe o no abrir esta ruta, sino refinando la forma de implementarla. Esa sería una simulación desde el diseño.
- Segundo, el comité debe tener la posibilidad real de concluir públicamente que el Estado mexicano debe prohibir el fracking. Si esa conclusión no es posible desde el inicio, entonces no se tratará de un espacio de evaluación, sino de un
mecanismo para legitimar una decisión ya tomada. - Tercero, la integración, los criterios de selección, la metodología, los documentos de trabajo, los conflictos de interés, los insumos y las deliberaciones del comité deben ser públicos. Si el gobierno habla de apertura a la sociedad, debe
demostrarlo con total transparencia, no con opacidad ni designaciones discrecionales. - Cuarto, no puede tratarse de un grupo de élite científica con visión tecnocrática. El fracking no afecta solamente indicadores energéticos o balances de producción. Afecta territorios y pueblos concretos, convirtiéndolos en zonas de
sacrificio para sostener el modelo fósil. Por ello, y haciendo eco de la Opinión Consultiva 32/2025 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debe incluir al conocimiento indígena como parte de la mejor ciencia disponible.
Además, cualquier exclusión de comunidades potencialmente afectadas, de voces independientes en salud pública, clima, agua, derechos humanos y defensa territorial, confirmaría que no se busca escuchar a la sociedad, sino neutralizarla. - Quinto, si el gobierno pretende presentar este comité como un espacio serio de deliberación, en esa mesa también deben pesar los principios precautorio, pro aqua, interculturalidad, así como considerar los antecedentes internacionales de moratoria y prohibición del fracking, no solo las promesas tecnológicas de la industria y del sector energético. Un comité que nazca para discutir cómo habilitar el fracking, pero no para considerar seriamente su prohibición, estaría viciado desde el origen.
Estas condiciones no implican reconocer el comité como una vía legítima para normalizar o regular el fracking. Sirven, precisamente, para exhibir si el gobierno pretende abrir una deliberación real o montar una simulación para legitimarlo.
La prueba del miércoles será simple. Si el gobierno presenta un comité cerrado, opaco, tecnocrático, sin independencia y sin posibilidad real de recomendar la prohibición del fracking en México, no estará abriendo una deliberación pública sería. Estará montando una simulación para legitimar una decisión ya tomada.
La diferencia será clara: un comité con posibilidad real de recomendar la prohibición del fracking en México, o una simulación diseñada para legitimar un giro político que contradice el compromiso de la 4T de no permitir el fracking en el país.
¡No al fracking, ni aquí ni allá, ni hoy ni nunca!