Pese a los temporales y las limitaciones impuestas por la pobreza y la marginación, representaciones indígenas nacionales, estatales y locales convocaron este fin de semana a manifestaciones de protesta ante los planes energéticos que busca imponer el Gobierno Federal en la región de la Huasteca, particularmente en su porción potosina.
Tancanhuitz y San Antonio fueron los municipios que nuevamente reaccionaron ante la amenaza de la exploración y explotación de gas y petróleo que Pemex pretende desarrollar. Aunque estos planes aún son estudiados por el grupo presidencial de expertos, es evidente la inclinación de dicho comité: al estar conformado en su mayoría por especialistas involucrados en la esfera corporativa petrolera, tienden a privilegiar la ganancia sobre los derechos territoriales e históricos de la población indígena. De este modo, buscan a toda costa justificar la imposición de la fracturación hidráulica (fracking) bajo el pretexto de la “soberanía energética”, a pesar de que la presidenta de la República se comprometió en campaña a prohibir esta técnica extractiva por causar daños estructurales al medio ambiente y a la vida.
Para dimensionar la importancia de estas movilizaciones indígenas —activas desde marzo de este año—, cabe destacar que se realizan sin apoyos externos de ninguna índole, sustentándose exclusivamente en sus propias estructuras organizativas. Pese a la efervescencia política que vive la región por la proximidad del proceso electoral de 2027, las comunidades no han permitido la intromisión de los partidos políticos en sus movilizaciones. Asimismo, el profundo respeto que le tienen a la titular del Ejecutivo Federal no les impide exigirle que cumpla con la palabra empeñada, un valor supremo en la cosmovisión indígena: si no sostienes tu palabra, no eres nadie. Por ello, el tono de la exigencia va elevándose.
Las comunidades y autoridades indígenas de la Huasteca (pueblos náhuatl y tének) manifiestan un rechazo absoluto a los proyectos energéticos y extractivistas que pongan en riesgo su vida, agua y territorio. Sus demandas se fundamentan sólidamente en los artículos 1° y 2° de la Constitución Mexicana, el Convenio 169 de la OIT y las declaraciones sobre derechos indígenas de la ONU y la OEA.
En el marco de estas recientes movilizaciones en Tancanhuitz y San Antonio, se consensuaron los siguientes 11 acuerdos:
- Sin consentimiento: No se otorga el consentimiento indígena para la exploración o explotación del subsuelo (gas, petróleo, minería), ni se permitirán los cambios de uso de suelo.
- Exigencia de ley: Demandan al Gobierno Federal y a la Presidencia de la República cumplir los compromisos de campaña para prohibir por ley el fracking y la minería a cielo abierto en todo el país.
- Salvaguarda de autonomía: Al ser sujetos de derecho público, las comunidades acuerdan no firmar actas ni minutas, ni recibir apoyos gubernamentales que impliquen —de forma implícita o explícita— ceder sus recursos o su autonomía de decisión.
- Protección del acuífero cárstico: Debido a la geología cárstica (porosa) de la Huasteca, el agua está interconectada. Se acuerda prohibir en los estatutos comunitarios el uso o venta de agua para fines de hidrocarburos o minería, registrando estas modificaciones ante el Registro Agrario Nacional (RAN).
- Nulidad de consultas simuladas: Se desconoce y declara nula cualquier consulta simulada que organicen la Semarnat, la ASEA, Pemex o entes privados mediante internet o asambleas con líderes cooptados, puesto que las asambleas legítimas ya han determinado su no consentimiento.
- Rechazo a ser “población de sacrificio”: Las comunidades se oponen tajantemente a la Reforma Energética y a los planes de Pemex, rechazando ser catalogadas como una “población de sacrificio” en aras del desarrollo industrial.
- Autodefensa pacífica del territorio: Acuerdan expulsar de forma pacífica a cualquier técnico o empresa que ingrese a sus tierras a realizar estudios geológicos o levantamientos topográficos.
- Condicionamiento electoral federal: Condicionan su participación en las elecciones si los poderes Ejecutivo y Legislativo continúan negándose a prohibir el fracking en la ley.
- Voto de castigo al extractivismo: No se dará ni un solo voto a partidos políticos que apoyen o promuevan el extractivismo.
- Exigencia de derechos políticos locales: Exigen al Congreso del Estado y al CEEPAC la armonización legislativa para que las comunidades puedan elegir a sus autoridades municipales mediante sus sistemas normativos internos (usos y costumbres). De ser excluidos, se opondrán activamente al proceso electoral.
- Red de alerta y defensa jurídica: Establecen un tejido de comunicación entre las distintas etnias para activar la movilización regional y la defensa jurídica colectiva ante cualquier intento de expropiación o ingreso de maquinaria pesada bajo la premisa de “utilidad pública”.
Las comunidades dejan en claro que la “utilidad pública” argumentada por el gobierno federal termina estrictamente donde empieza el derecho humano a la existencia de los pueblos indígenas. El objetivo final no es la confrontación, sino resguardar el futuro de las próximas generaciones bajo dos consignas claras: ¡Agua sí, petróleo no! y ¡Sí a la vida!
Juan Felipe Cisneros Sánchez:
Observatorio Indígena Mesoamericano.
