- Iniciativa de reforma constitucional en materia de ambiente que establecía la prohibición del fracking es desechada en la Cámara de Diputados.
- Se ha diluido el compromiso de campaña de Claudia Sheinbaum, y a pocos meses de iniciar su gestión, no existen medidas concretas para no permitir esta peligrosa práctica en el territorio mexicano.
- En el marco del 87 aniversario de la expropiación petrolera, la AMCF recuerda que es tiempo de dejar atrás la industria fósil, en específico, la extracción de hidrocarburos de difícil acceso, alto costo y alto riesgo como son los proyectos de gas y de petróleo mediante fracking.
Entre las 18 iniciativas del paquete de reformas constitucionales enviadas al Congreso de la Unión el 5 de febrero de 2024 por el entonces presidente López Obrador, el Proyecto de Decreto por el que se Reforman Diversas Disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Derecho a la Alimentación, Medio Ambiente Sano y Derecho al Agua contemplaba la modificación del párrafo séptimo del Artículo 27 constitucional para prohibir el otorgamiento de contratos o cualquier medida administrativa que permita la extracción de hidrocarburos líquidos y gaseosos a través del fracking o fracturamiento hidráulico. A pesar de que esta iniciativa fue dictaminada en agosto del año pasado, no fue priorizada para su discusión y aprobación en el primer período de sesiones de la nueva LXVI Legislatura y, por falta de voluntad política, se encuentra entre las 4 iniciativas de dicho paquete que quedaron “sin efecto” y fueron desechadas.
Frente a ello, desde la Alianza Mexicana Contra el Fracking (AMCF) expresamos nuestra preocupación porque, hasta la fecha, el Gobierno de México no ha tomado ninguna acción concreta para frenar o prohibir el fracking en nuestro territorio, a pesar de que en el paso número 87 de los 100 pasos para la transformación del plan de campaña de la actual presidenta Claudia Sheinbaum se estableció textualmente: “No se va a permitir la explotación de hidrocarburos a partir del fracking.” Si bien dicho “paso” no fue trasladado a sus 100 compromisos de gobierno anunciados el día que tomó posesión, la omisión podía deberse a que ya estaba contemplado en la iniciativa de reforma constitucional en materia de ambiente proveniente del paquete de reformas de la administración anterior que el segundo piso de la 4T se comprometió a impulsar.
Sin embargo, el panorama actual es totalmente incierto, no sólo dicha iniciativa quedó sin efecto sino que no hay indicios de que la presidencia vaya a volverla a presentar al Congreso. Lo que presentó en materia energética fue otra iniciativa presidencial para expedir ocho nuevas leyes y modificar dos normativas existentes sobre el nuevo marco jurídico para las actividades de transición energética y sectores eléctrico y de hidrocarburos. Dichas leyes secundarias en materia de energía fueron recientemente aprobadas en la Cámara de Diputados, luego de que la presidenta Sheinbaum urgiera a las y los legisladores a hacerlo, ya que deseaba promulgarlas el 18 de marzo en el marco de la conmemoración del 87 aniversario de la expropiación petrolera.
En su discurso con motivo del 87 aniversario de la expropiación petrolera, la presidenta habló de soberanía energética, del rescate de Pemex como empresa pública del pueblo de México y de la necesidad de que cada barril de petróleo sirva al bienestar de las familias mexicanas. Sin embargo, permitir la continuidad del fracking es incompatible con esos principios. Esta técnica, ligada a intereses privados y destructivos, representa un nuevo despojo: afecta los territorios, contamina el agua y pone en riesgo la salud de comunidades enteras. La defensa del interés público no puede quedarse solo en discursos; debe expresarse en acciones concretas que impidan prácticas extractivas que perpetúan el saqueo ambiental.
Sheinbaum también destacó la construcción de un marco legal basado en soberanía, sustentabilidad y justicia. En ese marco, la prohibición del fracking es un paso necesario y urgente. No tiene sentido fortalecer a Pemex mientras se toleran técnicas que dañan su legitimidad social y ambiental. Así como se recupera la verticalidad de la empresa pública, es momento de recuperar también la coherencia entre palabras y hechos. Honrar el legado del general Lázaro Cárdenas implica proteger el agua, los territorios y la salud del pueblo de México. Por eso, exigimos que la presidenta dé un paso firme y valiente: prohibir el fracking en México.
Un primer paso en la dirección correcta podría ser retomar la propuesta de Decreto de moratoria que elaboramos y acordamos en mesas de trabajo con la SEMARNAT en la administración pasada y que si bien no llegó a expedirse, se incluyó en la documentación de avances y pendientes del encuentro con organizaciones ambientales y sociales convocado por la SEMARNAT el 10 de junio de 2024, donde también se explicitó el compromiso de continuar “trabajando en conjunto con las instancias gubernamentales, la Alianza y la sociedad mexicana para establecer y formalizar mecanismos o instrumentos que permitan la prohibición del fracking en México”.
Garantizar los derechos humanos al agua, al medio ambiente sano, a la salud, a la alimentación y vivienda adecuadas, a la libre determinación, a la información, la participación, y la justicia ambientales forma parte de las obligaciones constitucionales de todas las autoridades del Estado mexicano, derechos que además cobran una enorme relevancia en el contexto de la industria de hidrocarburos y sus impactos. En los meses que lleva esta administración federal, la presidenta ha reiterado en sus discursos el compromiso gubernamental con los derechos y el medio ambiente. No demorar más en decretar la moratoria al fracking o impulsar su prohibición vía constitucional o legal sería una manera clara y contundente de dotar de contenido sustantivo a tales discursos, en línea con sus obligaciones constitucionales, protegiendo así a las generaciones presentes y futuras de los graves impactos y riesgos actuales y potenciales de esta técnica, como ya lo han hecho otros países, provincias y localidades del mundo emitiendo prohibiciones o moratorias al fracking.